La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y sus hermanas

Por: María Soledad Segura y Magdalena Bagliardelli

La Jornada “Ley Audiovisual y Después: Las nuevas disputas por ampliar otros derechos a la comunicación y la cultura” se desarrolló en la ECI el pasado martes 29 de abril. El objetivo del encuentro fue analizar el proceso de discusión pública de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como modelo para desarrollar otras  legislaciones que amplíen derechos a la comunicación y a la cultura.

La actividad estuvo organizada por el equipo de investigación La sociedad civil en las disputas por los derechos a la comunicación y la cultura del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, el equipo de cátedra del Seminario optativo El sector social en las disputas por la democratización de las comunicaciones (Argentina, siglo XXI) y la Secretaría de Extensión de la ECI. En vistas a la creciente participación de sectores sociales en la construcción de políticas públicas –tal como sucedió en el caso de la LSCA- se convocó a referentes de grupos y colectivos que están trabajando para dar impulso a nuevas leyes en el ámbito de la música, las publicaciones gráficas, la danza y la cultura comunitaria, y a miembros de reparticiones estatales que están trabajando de manera articulada con estas organizaciones.

Al realizar la presentación de la actividad, María Soledad Segura, docente investigadora y una de las organizadoras del evento, expresó: “La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no sólo sentó bases más democráticas para reconfigurar el sistema mediático de nuestro país, sino que su debate público consiguió otorgar un lugar central en la agenda social y gubernamental a la cuestión de los derechos a la comunicación y la cultura. Esto amplió las oportunidades políticas para que se conformaran y fortalecieran colectivos y movimientos sociales de otros sectores de la comunicación –como el gráfico- y de la cultura –como los músicos, cineastas, bailarines, murgueros, etc.-. En especial, la inédita participación social y los altos niveles de incidencia que la Coalición por una Radiodifusión Democrática logró tener en las políticas de comunicación del país de los últimos cinco años, constituyeron fuente de inspiración para que nuevas organizaciones sociales impulsaran la ampliación de otros derechos comunicacionales y culturales.”

La propuesta continuó con el desarrollo de dos paneles conformados por representantes de de la sociedad civil y del Estado. En primer lugar se realizó el debate Organizaciones pro-derechos a la comunicación y la cultura: oportunidades y estrategias. Allí participaron Yael Crivisqui, de la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (AReCIA), impulsores del proyecto de Ley de Promoción de Revistas Culturales Independientes, Sebastián Vreys, representante de Músicos Convocados de Córdoba (MuCC), impulsores de la nueva Ley de Música, María Emilia Ruiz de la Red de Productores Culturales Sierras Chicas y del Consejo Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, impulsores del proyecto de Ley de Promoción de Cultura Comunitaria y Autogestiva y Oscar Rodolfo Arce como integrante de la Mesa de Trabajadores de la Danza y Comisión Nacional sobre la ley de danza, impulsores del proyecto de ley de Danza.

Cada panelista contó su experiencia y la de su colectivo de trabajo para poder aportar a la discusión sobre las posibilidades y obstáculos del sector. Además, quedó claro que cada proyecto de ley es un asunto pendiente de la democracia y representa una ampliación de la discusión sobre las políticas de comunicación y cultura.

María Emilia Ruiz, de la Red de Productores Culturales de Sierras Chica, se refirió los desafíos del lento proceso de construir un colectivo de organizaciones con demandas, una identidad en común y la necesidad de visibilizarse, así como de mantener una relación con el Estado que exceda el empleo y la mera consulta. “Éramos convidados a proponer”, destacó. Esto los obliga a superar la desconfianza de las organizaciones con respecto al Estado y a dar nuevos sentidos a “lo público, lo estatal y lo común”. El Colectivo Pueblo Hace Cultura se reunió en 2010 y en 2012 promovió el proyecto de Ley de Apoyo a la Cultura Comunitaria, Autogestiva e Independiente. Este proyecto, luego de perder estado parlamentario, fue presentado nuevamente en 2013 por el diputado de Unidad Popular Carlos Lozano.

A su turno, Yael Crivisqui, de AReCIA-nodo Córdoba, expuso la historia de la asociación, consideró al proyecto de ley de fomento a las revistas independientes como hermana de la LSCA y abrió el debate sobre la desmitificación del discurso peyorativo de que los medios que no responden a las lógicas monopólicas, son medios secundarios. También rescató “la necesidad de que se comprenda que los medios de comunicación independientes y autogestivos generan puestos de trabajo, aportan lectores y plata a sus respectivas localidades”. ARECIA se constituyó en 2012 y presentó el proyecto de Ley de Promoción de la Producción Independiente y Autogestiva de Comunicación Cultural por Medios Gráficos y de Internet a través del diputado del Frente para la Victoria Jorge Rivas.

Por su parte, Sebastián Vreys, del MUCC, contó el proceso de construcción de la Federación Argentina de Músicos Independientes y de la Ley de Música sancionada en 2013. Aunque el proceso comenzó en 2006, se potenció cuando en 2009 lograron que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual estableciera cuotas de música nacional e independiente a ser programada por las radios, y destinara un porcentaje de la recaudación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual al Instituto Nacional de Música. Vreys destacó la riqueza y las dificultades de la construcción de una organización federal. También aludió a la discusión sobre el artista “independiente” y enfatizó que los músicos son trabajadores. Se refirió asimismo a la complejidad de la relación con el Estado: “Era cómodo estar en la trinchera. Cuando nos abren la puerta, ¿qué hacemos?”

Finalmente, Oscar Arce, de la Mesa de Trabajadores de la Danza, celebró que ese mismo día a la mañana se había presentado el proyecto de ley de danza en el Congreso de la Nación acompañado con múltiples actividades en varias ciudades del país. El Movimiento por la Ley de Danza integra experiencias que se desarrollan desde 2008 y es, de todas las entidades representadas en el panel, la más reciente. Arce coincidió en reconocerse como “trabajadores”; en el cambio del rol del Estado con respecto a políticas culturales; y en la necesidad de encontrarse y visibilizarse como colectivo: “La gente de la danza no tenía organización ni voz. Comenzamos a juntarnos a hablar de nuestras cosas”. Finalmente destacó: “El Estado, las leyes y las posibilidades están dadas” para impulsar el proyecto de ley de danza.

Todos los panelistas destacaron que era la primera vez que se juntaban las cuatro organizaciones y celebraron el espacio provisto por la universidad.

Luego de un intervalo, continuó el segundo panel Las políticas de comunicación y cultura a nivel nacional, provincial, municipal y universitario que proponía discutir las fortalezas y debilidades de las políticas y regulaciones dirigidas al sector de la producción cultural y comunicacional sin fines de lucro en diversas instancias y niveles del Estado, y un análisis sobre los logros alcanzados y desafíos pendientes.

Participaron Carlos Vicente, como presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA)-Córdoba, Franco Morán, coordinador del Programa Derecho a la Cultura de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba y estaba prevista la participación de Marcos Griffa, director de Cultura y Educación de la Municipalidad de Unquillo que por motivos personales no pudo asistir.

Franco Morán, del Programa Derecho a la Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNC, sostuvo que la creación del programa en 2007 respondió al objetivo de “abrir al pueblo” la extensión universitaria y de trabajar desde la perspectiva de los derechos humanos, para lo que era imprescindible la articulación con un actor clave: la sociedad civil organizada. Destacó que el trabajo “en territorio” es “complejo” y que “siempre el vínculo con las organizaciones es de tensión”. Consideró que es necesaria una nueva cultura de vinculación con lo público que implique el diálogo y la colaboración: “Las organizaciones no sustituyen al Estado, pero tampoco el Estado es sólo el que da recursos a las organizaciones”. Morán mencionó que las líneas del programa son: “generar acceso y participación cultural, discutir políticas culturales y sensibilizar sobre algunas cuestiones claves de la cultura”. Contó acciones desarrolladas con el Colectivo Pueblo Hace cultura y con Músicos Convocados de Córdoba.

Por su parte, Carlos Vicente, delegado de AFSCA-Córdoba, celebró que ese día se había lanzado el primer concurso público de licencias de radio para entidades con y sin fines de lucro en esta provincia. Destacó que la Ley de Servicios de Comunicación “fue abriendo otros debates que fueron adquiriendo importancia porque hoy los medios tienen un lugar central en la cultura”. “El proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual nació en la sociedad civil. Esto no tiene tantos antecedentes ni en el país ni en el mundo”, enfatizó. “La ley de música nació junto con la Ley de Comunicación Audiovisual que también puso en otro lugar la discusión sobre la Ley de Cine”, aseveró. Coincidió en que esto implica un “cambio en la cultura política”: “Ahora se discute socialmente hasta el Código Penal”. “La sociedad civil no puede replicar los métodos de resistencia al Estado de los años 90. La cultura del piquete visibiliza y bloquea. Ahora es necesario desbloquear. Esto genera otra oportunidad y requiere un cambio de conducta. Es necesario dialogar, proponer, no sólo reclamar”, sostuvo.

Además de la presencia de los invitados, la Jornada recibió el acompañamiento de la Defensoría del Público que repartió materiales sobre los derechos de las audiencias de la radio y la televisión a un trato igualitario entre mujeres y varones que eviten toda discriminación por género u orientación sexual. Ernesto Lamas, director de Capacitación y Promoción de la Defensoría, en una nota enviada a la ECI consideró que “las y los participantes de esta jornada son actores claves para contribuir en el proceso de transformación cultural que implica el nuevo paradigma de la comunicación como derecho”.

Un debate que continúa

Esta Jornada es parte de un ciclo de debates iniciado en 2013 sobre la participación e incidencia de la sociedad civil en las políticas de comunicación y cultura de nuestro país en los últimos años. Tiene como antecedente la Jornada “¿Cómo ocupar el 33 por ciento? Los medios sin fines de lucro desde la Ley de Comunicación Audiovisual”. De esta instancia, participaron referentes de radios comunitarias, alternativas y de canales de cable y de TDA cooperativos así como de representantes de entidades estatales de políticas de comunicación vinculadas al sector no lucrativo. Ver:  http://democratizarcomunicacion.eci.unc.edu.ar/debates-publicos/