23 de Sep de 2024

El HCD expresa su preocupación por posible veto a la Ley de Financiamiento Universitario y por la restricción al acceso de información pública

En la sesión del día de hoy, el Honorable Consejo Directivo de la FCC declaró su preocupación por el posible veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, su adhesión a la ley mencionada y convoca a la comunidad de la FCC a la marcha federal universitaria. Se manifiesta en estado de alerta ante la posible concreción del veto para repudiarlo con dureza, e insta al Poder Legislativo a que ratifique de manera contundente el compromiso con la defensa del sistema universitario nacional.

“Nos preocupan los recientes anuncios referidos al Presupuesto 2025 que indican la continuidad de las políticas de ajuste que provocaron la crisis actual. El proyecto de presupuesto para el año próximo asigna la mitad de los recursos necesarios para garantizar el normal funcionamiento de las Universidades Nacionales. Esto profundizará el deterioro de los salarios de docentes y nodocentes, que alcanzarían niveles mínimos históricos, el desfinanciamiento de las becas estudiantiles y de los fondos destinados para ciencia, investigación y extensión”, expresaron en la declaración.

El HCD, en representación del cogobierno de la comunidad de la FCC, expresa su adhesión a la Ley de Financiamiento a las Universidades Nacionales y llama a la comunidad a participar de la marcha federal
universitaria convocada por los gremios universitarios.

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Además, aprobó una declaración en la que rechaza el decreto que restringe el derecho al acceso a la información pública, limita la labor periodística y al derecho de libertad de expresión.

El Decreto 780/24 del Poder Ejecutivo Nacional que reglamenta “el acceso a la información pública” para “evitar la fragmentación y dispersión normativa”, publicado en el Boletín Oficial el pasado 30 de agosto, pone en peligro la libertad de prensa, limita el trabajo cotidiano de los periodistas y amenaza el quehacer democrático al desconocer un derecho humano fundamental como el “derecho a la libertad de pensamiento y de expresión” que “comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección” (Art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

El texto del decreto se vale de argucias legales e interpretativas como la idea de “buena fe” o definiciones arbitrarias y de interpretaciones diversas del tipo “No se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido”, para poner en la sombra información que debe ser pública. Por ejemplo, limita el acceso a información relacionada con lavado de dinero y la obligación de las entidades financieras de informar movimientos sospechosos. La limitación del derecho de acceso a la información pública se centra en organismos claves para un sistema democrático y transparente como la Unidad de
Información Financiera, organismo “encargado del análisis, tratamiento y difusión de inteligencia financiera para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.

Como formadores de futuros comunicadores y desde una casa de estudios cuya historia institucional marca una lucha permanente por las libertades reales, estamos obligadas/os a preguntarnos ¿Qué democracia seremos capaces de darnos cuando la libertad de expresión es mutilada en sectores claves que hacen al desarrollo económico pero, sobre todo, a la prevención de delitos que nos afectan a
todos? A 40 años de la recuperación democrática, ¿necesitamos recordarnos que la idea de libertad no es un concepto vacío para generar narrativas electoralistas, sino más bien la raíz de nuestra convivencia social cotidiana?

En este marco, el Honorable Consejo Directivo de la FCC propone que la Mesa de Trabajo en Defensa de la Comunicación como Derecho convoque a todas las entidades relacionadas con el quehacer periodístico en Córdoba para elaborar un documento conjunto que ponga de relieve la necesidad de resistir a los ataques cotidianos del gobierno nacional contra el ejercicio libre del periodismo y la libertad
de expresión.