02 de Sep de 2025

El HCD y autoridades de la FCC se manifestaron contra la censura a periodistas y medios de comunicación

Las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y su Honorable Consejo Directivo manifiestan su repudio y preocupación por el intento de censurar -en forma previa y a través del Poder Judicial– a periodistas y medios de comunicación en relación a un hecho que afecta directamente al Poder Ejecutivo Nacional.

A instancias de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el juez federal Alejandro Marianello prohibió la difusión pública “a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web” de los audios vinculados a las denuncias por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

A la prohibición de difundir audios se suma un pedido de allanamiento de medios y domicilios privados de trabajadores de prensa.

Según la funcionaria y hermana del presidente Javier Milei, los registros –cuyo contenido fue anticipado el pasado viernes en el canal de streaming Carnaval– “habrían sido recabados ilegal e ilícitamente y sin su consentimiento” y “perjudicarían gravemente su honor, reputación, la actividad profesional que desarrolla y el buen nombre y honor de su familia y del gobierno que integra”.

Aunque en el mismo fallo el juez aclare que no se trata de un “bozal legal” y que “se encuentra acotado a un hecho concreto, puntual y excepcional”, se trata de un caso de censura previa, expresamente prohibida por los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional y el 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La medida, especialmente grave porque involucra a los poderes Ejecutivo y Judicial y tiene como objeto un tema de gravedad institucional.

En el caso, el contexto de censura se completa con el pedido de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a la Justicia para allanar los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico y los estudios de Carnaval Stream por supuesta “violación a la Ley de Inteligencia”.

Se trata de un intento coordinado para silenciar a la prensa por la vía judicial, que se suma a una serie de ataques de figuras del Gobierno central contra periodistas, a través de medios y redes sociales, y a las situaciones de violencia protagonizadas por fuerzas de seguridad del Estado contra trabajadores de prensa en coberturas de manifestaciones.

En este marco, las autoridades de la FCC y su Honorable Consejo Directivo reafirman su compromiso con la defensa del derecho a la libertad de opinión y de expresión, bases de una sociedad democrática e igualitaria.